Rafael del Pozo, titular de la Secretaría de la Contraloría de Estado habría pagado en lo que va de la administración de Carlos Joaquín al menos 500 millones de pesos a empresas encargadas de auditar a los exfuncionarios de Roberto Borge, sin embargo esto resultó un rotundo fracaso, pues lejos de castigar a estos políticos los han ayudado para salir bien librados de los desfalcos que hicieron en esa administración.
De acuerdo a información emitida por un diario local el desfalco de Carlos Joaquín con su programa el que la hace la paga dió inicio en el 2018, cuando por adjudicación directa se pagó el contrato SECOES-AD923011964-2018 a José Antonio García Alcocer y asociados la cantidad de 13 millones 920 mil pesos, presuntamente por la asesoría legal para la investigación, y estrategia para recuperar los bienes y recursos que fueron extraídos durante el mandato de Borge.
Otro contrato de este tipo fue entregado a Efraín Ceballos Medina dueño de la empresa Expertos en control interno, ética y cumplimiento S.A DE C.V. por la prestación de servicios profesionales de consultoria para la implementación de un sistema de control interno en procesos transversales y críticos en el gobierno de Quintana Roo por la cantidad de $27 millones 130 mil 788 pesos.
También se encuentra el contrato SECOES-AD-923011964-N14-2018 otorgado a la empresa Mexpro Construction S.A de C.A., que por la revisión a obras ejecutadas por diversas dependencias con recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento en las Entidades Federativas(#FAFEF) del ejercicio 2017, recibió la cantidad de $7 millones 528 mil 864 pesos.
Aunque la dependencia es encargada de hacer auditorías de las dependencias, entregó contratos millonarios a comercializadoras, como el registro SECOES-AD-
923011964-N14-2018 en favor de la comercializadora #Ruecsa S. De R.L de C.V. que recibió $ 3 millones 840 mil 145 pesos por la revisión al ejercicio de recursos para productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio al organismo descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo esta empresa que fue diluida en diciembre del 2020 y desapareció con $24 MDP sin dejar rastro alguno.
Un ejemplo más es el contrato SECOES-AD-923011964-N43-2018 entregado a Surtidora, comercializadora y Distribuidora El Gran Reto, S.A De C. V por la revisión preventiva del capítulo 1000 servicio personal de la Agencia de Proyectos Estratégicos Del Estado de Quintana Roo, ejercicio presupuesta 2018,por la cantidad de $ 3 millones 394 mil 629 pesos.
Este año, la Secretaría de la Contraloria del Estado también pagó a una comercializadora la cantidad de 20 millones $274 mil pesos por el servicio de revisión de un contrato de arrendamiento de vehículos de la Oficialia Mayor.
El concepto fue de revisión de contrato de arrendamiento puro de vehículos de la Oficialia Mayor OM/DGA/DRM/DCP/LP/50/2017.
El pago del servicio fue de $ 2 millones 274 mil 829 pesos con 60 centavo, recursos estatales que fueron ejercidos por la Secoes durante el mes de junio de 2018,esta millonaria cantidad fue pagada a favor de una comercializadora que, según fuentes confiables, es de reciente creación, llamada Comercializadora Peñasco SA de CV.
La Secretaría de la Contraloría sólo en el 2018 firmó por asignación directa 44 contratos por un monto de alrededor de $ 140 millones de pesos, en 2018.
todo esto acumulando un gasto de más de 500 millones de pesos, los cuales no han servido de nada, pues prácticamente todos los funcionarios de Roberto Borge están en su casa disfrutando de lo robado.
En Quintana Roo el que la hace no la paga.
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