A pesar de violentar la ley y el estado de derecho con toda la
impunidad, Fonatur impone la construcción de una glorieta en el kilómetro 1.5 del bulevar Kukulcán, cuando existen innumerables asuntos pendientes en la zona hotelera de Cancún.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, reiteró su desacuerdo por no tener información detallada del proyecto en construcción, ya que no se realizó propuesta pública alguna de la paraestatal ni de otra dependencia del estado o municipal, que nunca son del conocimiento público a partir de que tomó posesión el gobierno de López Obrador.

El CCE solicitó a la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, que la obra sea detenida y se restituyan los referidos cambios, al considerar que es prioridad salvaguardar la seguridad de las personas que circulan a diario por la zona hotelera.

“El proyecto tendrá consecuencias negativas a la vialidad, ya que es de alta afluencia de personal que labora en la zona hotelera, con lo que se genera un embotellamiento y mala imagen al área”, refiere el comunicado emitido por el organismo empresarial.
El CCE del Caribe insiste que en la actualidad persisten otras necesidades de carácter urgente y se requiere invertir los recursos en otras acciones como el tratamiento de aguas residuales, pavimentación, drenaje, limpieza del bulevar Kukulcán, recolección de basura orgánica, pasos peatonales y semáforos, entre muchas otras.
Por su parte, Fonatur manifestó “su desconcierto” respecto a la postura del Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), capítulo Quintana Roo, por su oposición a la glorieta que servirá como retorno frente al desarrollo Puerto Cancún:
“Fonatur siempre ha estado en constante comunicación con el sector hotelero y empresarial a fin de buscar las mejores alternativas para solucionar las problemáticas que atañen a la zona hotelera (…), por ello manifiesta su extrañeza” de que ambos organismos se opongan al proyecto sin antes recurrir al diálogo.
Por medio de un comunicado, la dependencia federal aseguró que “en dicho proyecto no se erogaron recursos públicos… el 100 por ciento de recursos fueron erogados por privados. Los trabajos fueron ejecutados en propiedad privada, zonas y vialidades de competencia y jurisdicción del Fonatur.

“Por lo anterior, el infundado reclamo de considerar dicha obra de vialidad ‘un gasto inútil’ resulta incomprensible e inatendible (sic). Fonatur condicionó la ejecución de dicho proyecto a un estudio de movilidad analizado y sancionado por personal del Fondo, por lo cual tiene pleno respaldo técnico”, señaló Fonatur.